En todo el mundo crece la exigencia por la liberación de las patentes de las vacunas. Ya son más de 150 países y 400 organizaciones que se mostraron a favor de interrumpir las patentes y la propiedad intelectual sobre los desarrollos contra el COVID-19 para democratizar el acceso a la inmunización.
El avance de la ciencia y la técnica fue capaz de desarrollar en poco tiempo varias vacunas distintas, de gran eficacia y seguridad. Como sostiene el informe del portal Latfem.com, en octubre pasado, India y Sudáfrica decidieron ponerle un freno al negocio de las grandes farmacéuticas y propusieron ante la Organización Mundial del Comercio una suspensión temporaria de todas las secciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio que atañen a la propiedad intelectual desarrollada contra la COVID-19, para poder transferir esa tecnología, producirla en distintas partes del mundo y asegurar su distribución equitativa.
La propuesta, que rompe con la mirada mercantilizante de la salud, logró el patrocinio de 58 países y el apoyo de más de 100, entre los que se cuenta la Argentina, pero enfrenta el bloqueo de países como Estados Unidos, Japón, Brasil y la Unión Europea. El tema tuvo mayor visibilidad en las últimas semanas y, a partir de la presión social y política, países y organizaciones internacionales como ONUSIDA, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras buscan que se trate y apruebe en la reunión del Consejo General de la OMC.
¿Conocías estas cifras?
Según datos de la ONU, el 75% de las primeras dosis contra el COVID-19 se utilizaron en solamente diez países, mientras que otros 130 ni siquiera pudieron aplicar una y probablemente tengan que esperar varios meses más para acceder a un lote de vacunas.
De acuerdo a la plataforma Our World in Data, al 20 de abril, Asia había administrado el 45% de las dosis a nivel mundial, Norteamérica el 26% y Europa el 20%. En Africa desciende al 1,67% y el número en Sudamérica es de 6,65%
La modalidad actual condiciona las posibilidades de compra a los recursos que cada Estado tenga y a su capacidad de negociación. Esto es a través de acuerdos bilaterales, con lo que las condiciones del contrato y el precio de las vacunas quedan a decisión de la empresa fabricante.
¿Cómo funcionan las patentes?
Cuando se otorga una patente, el titular es el único que puede fabricar, usar, comercializar o importar durante veinte años lo que está patentado. También le da el derecho de reclamar daños por violaciones a los derechos exclusivos que no les otorgaron, o utilizar medidas cautelares para frenar la producción. Se generan así monopolio de exclusividad en la salud.
El punto en todo esto, es que más allá de que la producción sea ejecutada por una empresa privada, estas farmacéuticas se benefician de una gran cantidad de fondos públicos invertidos en investigación y desarrollo, ensayos y gastados en adquisiciones, con poco o ningún compromiso para garantizar el acceso. Para este año, Pfizer y Moderna esperan ingresos por vacunas de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares.
Entonces, ¿cúales son las posiciones en este tema?
Con el pedido de suspensión de patentes, el escenario geopolítico quedó partido en dos: quienes apoyan la moción de India y Sudáfrica (la gran mayoría del Sur Global) y los que bloquean la suspensión. En el medio, solo Chile, Canadá y México se muestran indecisos.
Los países en contra sostienen que los Estados pueden recurrir a salvaguardar la salud pública, habilitando a los poderes ejecutivos a fabricar productos genéricos y pagar regalía al titular de la patente por esas ventas. Sin embargo, de esta manera los Estados se enfrentan a represalias en el terreno legal, político y económico. Solo la suspensión de patentes evitaría este tipo de situaciones por parte de las multinacionales, como Pfizer, Moderna, y Johnson & Johnson.
Otro recurso disponible son las “licencias voluntarias”, instrumentos contractuales que dejan a criterio de las empresas la posibilidad de elegir en qué países se pueden fabricar y comercializar versiones genéricas, pero serían las grandes farmaceúticas las que seguirían controlando el mercado.
Por su parte, la presidenta de la OMC propuso una “tercera vía” para aumentar la producción de vacunas promoviendo los acuerdos bilaterales entre las farmacéuticas y compañías que tengan capacidad de fabricación a través de las licencias voluntarias.
Pero esta fórmula ha sido rechazada por más de 200 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, que luchan porque las inmunizaciones lleguen a todo el mundo. Ya que las medidas que apostaban por el voluntarismo y la solidaridad de las empresas se mostraron insuficientes, como es el caso de COVAX, el mecanismo de la OMS para garantizar el acceso a las vacunas, porque las empresas siguen teniendo en control del uso de la tecnología y del reparto. Lo mismo ocurrió con la plataforma de Acceso Mancomunado a Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP) de la OMS, en la que se podía compartir datos, conocimientos y material biológico, para facilitar la transferencia de tecnología a otros fabricantes, pero, en los hechos, ningún privado accedió a publicar sus desarrollos.
Tanto apuntar a la globalización, actualmente estamos atravesando una crisis sanitaria que es realmente a nivel mundial. En la gravedad de la pandemia, la globalización nos jugó en contra. Es el momento de revertirlo, y usar esta globalización a nuestro favor, dejando de lado los intereses de poder e influencias políticas internacionales, para enfocarnos en terminar con este mal mundial. Si no se llega a todos lados es probable que se sigan desarrollando nuevas cepas, por lo que soltar la mano a una región es seguir quedando todos expuestos. Evidentemente es momento de pensarnos y entendernos como lo que somos, una unidad global.